Deuda del sector público aumentó casi 6% y su déficit fiscal se redujo en 2017: Contraloría

Este jueves, el Contralor General, Edgardo Maya, entregó al Congreso los informes de situación de las finanzas del Estado, correspondientes a la vigencia 2017. Según este informe, el sector público consolidado, registró en 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al presentado en 2016 que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB).

“El Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a un superávit de 1,09% del PIB de los demás integrantes del Sector Público Consolidado”, señaló Maya Villazón. 

El informe de la entidad señala además que los superávits se presentaron en los subsectores Seguridad Social, Regalías y Establecimientos Públicos Nacionales, Entidades Territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que se presentó déficit en Empresas No Financieras.

“Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0,3 puntos porcentuales en 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia (1,1% adicionales como porcentaje de PIB) en comparación con el incremento de los gastos (0,7% adicionales como porcentaje de PIB)”, explicó el Contralor. 

De otro lado, la deuda del sector público en 2017 llegó a $516,59 billones (56,9% del PIB), superior en 5,9%  a la deuda registrada en 2016 cuando fue de $487,46 billones (56,5% del PIB), es decir que el endeudamiento público registró un incremento de $29,27 billones respecto al cierre de 2016. 

“Como proporción del PIB la deuda pública presentó una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017”, apuntó el Contralor. 

Asimismo, el documento presentado por la Contraloría señala que el Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), “alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma”. 

El Contralor Edgardo Maya, manifestó que entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron operaciones de prepago y canje de la deuda interna, asimismo, el aumento del cupo de emisión de TES B por $8 billones; el recorte en el Presupuesto General de la Nación por $4 billones; el pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con la emisión de bonos globales por US $900 millones y la utilización temporal de los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones. 

En el Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, la Contraloría muestra que el Gobierno Nacional contó con una apropiación definitiva de $229,32 billones (25,1% del PIB), 60,576% para funcionamiento, 17,62 % para inversión y 21,81% en servicio de la deuda, con ejecución total del 94,9%, medida por obligaciones.

“El 3,7% de la apropiación definitiva ($8,55 billones) quedó constituido como reserva presupuestal para ejecutarse en la vigencia 2018 y se presentaron pérdidas de apropiación por $3,07 billones, equivalentes a 1,3% de ese mismo valor”. 

Por su parte, en la ejecución del Gasto Público Social, se observa que en términos nominales, pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017.

“Teniendo en cuenta que el Gasto Público Social va dirigido a la población vulnerable, al analizar la pobreza en el mismo periodo de tiempo, se encuentra que ésta no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y aún persiste la inequidad (en la última década el Coeficiente de GINI pasó de 0,56 a 0,52)”, manifestó el funcionario. 

Para la vigencia 2017 la Contralora estableció hallazgos en el activo por $23,6 billones, en el pasivo por $65,5 billones, en patrimonio por $0,4 billones, en ingresos por $2,1 billones y en costos y gastos por $1,7 billones. De éstos principalmente, en el Balance General de la Nación fueron: $15,4 6 billones en el activo y $38,8 billones en el pasivo.

Según el documento, como resultado de la aplicación por parte de las entidades contables públicas de los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional y de los recursos que lo financian, observó que de los $1.268,8 billones que registró el cálculo actuarial del pasivo pensional para el sector público, solo el 15,4% ($195,4 billones) se registró en cuentas de balance, es decir, que afectan la estructura financiera del mismo, mientras que el 84,6% restante ($1.073,4 billones) se consideran contingencias. En lo que tiene que ver con la amortización sólo el 6,6% ($83,3 billones) se encuentra amortizado (aprovisionado).

Finalmente, el Contralor General manifestó que “de no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de financiamiento”.

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